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La prevención de delitos y el gobierno corporativo en la empresa familiar. (GB Consultores)

01 Agosto 2016 Escribir un comentario

Andrea Moril GB Consultores

 

La última reforma del Código Penal que tuvo lugar hace escasamente un año por la LO 1/2015, ha traído consigo importantes novedades que afectan de pleno al tejido empresarial de nuestro país, y especialmente, a las empresas familiares, caracterizadas por su propia cultura, identidad empresarial, y por su presencia diferenciada en el mercado, debido a su tradicional y personal forma de trabajar.

De acuerdo con ésta nueva normativa y desde su entrada en vigor -1 de julio de 2.015- las empresas están obligadas a dotarse de mecanismos adecuados para la prevención de delitos, pues sólo de esta manera podrán quedar exentas de responsabilidad penal. En efecto, nos referimos a los ya conocidos “Compliance programs” o Manuales de Prevención de Delitos.

A día de hoy, ya son varias las sentencias del Tribunal Supremo que nos han marcado el alcance y repercusión que está teniendo esta nueva normativa. Por su flagrancia, nos referimos a la Sentencia de 29 de febrero de 2016, que condena a una sociedad, y a sus administradores de Hecho y de Derecho– por un delito de tráfico de drogas cometido por varios trabajadores –, objetivamente, por no haber implantado medidas de control y prevención de delitos, sin entrar a valorar si el beneficio obtenido por el tráfico de drogas revierte en el patrimonio de los autores materiales o en el de la empresa.

¿Cómo evitar incurrir en responsabilidad penal? Con la implantación de un Manual de Prevención de Delitos idóneo, confeccionado ad hoc, es decir, “a medida”, para la empresa familiar de que se trate, pues solo de esta manera podrá resultar efectivo y se habrá adaptado correctamente la empresa a la normativa penal vigente, todo ello, en concordancia con las Circulares de la Fiscalía 1/2016 y 8/2015 que desarrollan la normativa penal estableciendo los requisitos exigibles.

¿En qué consiste este Manual de Prevención de Delitos? Se trata de la adopción de un conjunto de normas internas para la regulación total -legal- del funcionamiento de la empresa, tanto en la esfera interna, en cuanto a relaciones personales/laborales, mediante el establecimiento de protocolos adecuados de actuación; como en la externa, de cara a las relaciones con otras empresas, nacionales e internacionales.

Con su implantación, como ya hemos apresurado, se conseguirá de una manera objetiva, la exoneración de cualquier tipo de responsabilidad que se derive de actuaciones cometidas en el seno de la empresa o como consecuencia de la actividad, lo que conduce a asegurar la perdurabilidad de la empresa, eliminando riesgos, delimitando responsabilidades para aquellas personas que se hallen al mando de la mempresa o, como dice el Código Penal: “que tengan poder de decisión en la empresa (art. 31bis)”.

No hablamos sólo de dar un valor añadido a la empresa, sino de que los valores ya existentes en la empresa familiar, por su trayectoria, se sigan transmitiendo de generación en generación, evitando, en último término, que determinados comportamientos contrarios a la legalidad, puedan generar una quiebra en la continuidad de la actividad empresarial.

Pero, una vez implantado, ¿Cómo se controla la efectividad de este Plan? Se introduce, en nuestro Ordenamiento Jurídico, la figura del Compliance Officer, encargado de supervisar y controlar la ejecución efectiva de los planes de prevención de delitos que se hubieran adoptado.

El cargo, podrá ser ostentado por alguien de la empresa o externo a la misma, dependiendo de las circunstancias, se aconsejará en un sentido o en otro. Esto cobra especial importancia en la empresa familiar, en la que, en contra de la objetividad en el desempeño de sus funciones que se le impone al Compliance Officer, encontramos, dispensas legales que facultan para no declarar contra familiares, por ello, que el Compliance Officer, rara vez podrá ser un miembro de la familia, pues el cumplimiento de sus funciones podría quedar frustrado, no lográndose la imparcialidad necesaria.

Si bien es cierto que con esta Reforma se aumentan los controles judiciales y gubernamentales en materia de gestión y funcionamiento empresarial; no debemos concebirlo como una carga más, sino como una oportunidad para la empresa, por la conexión que existe entre estos “compliance programs” con los Códigos De Buen Gobierno y la Responsabilidad Social Corporativa (RSC), en la difícil tarea de la difusión de una cultura ética empresarial, que, en las empresas familiares, constituye su principal activo.

Además de ello, resulta de igual importancia la necesidad de una formación específica, que debe suministrarse a todos los miembros de la familia empresaria y de la empresa en general, para que puedan cumplir y ejecutar correctamente dicho Plan de Prevención de Delitos.

Sin duda, y con la experiencia con la que gozamos en materia de prevención de delitos se puede concluir con que, con la adopción de estas medidas, se mejora la imagen corporativa, consecuencia directa de un incremento en la productividad, el funcionamiento y la organización interna de la empresa familiar.

 

Andrea Moril - GB Consultores.

 

 

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